By: Fabian Velasco On: julio 29, 2019 In: Sin categoría Comments: 0

El PRO aprobó una ley de esponsoreo que podría hasta asociar marcas con el Teatro Colón

Permite que empresas privadas patrocinen actividades y sedes del estado porteño.

 

Por Nicolás Eisler16/05/2019

Solo con votos propios el oficialismo aprobó una ley de patrocinio que permite a empresas privadas esponsorizar desde programas y actividades culturales públicas hasta incluso los nombres de las sedes gubernamentales. Será el Ejecutivo quien controle y acepte las propuestas de las compañías.

El legislador oficialista Maximiliano Ferraro aseguró que la ley “permitirá aumentar la responsabilidad social empresaria y financiar acciones públicas en beneficio de toda la sociedad”. Sin embargo en la oposición objetaron la discrecionalidad con la que podrá manejarse el gobierno ya que los proyectos no pasarán por el parlamento de la Ciudad.

“Esta ley valida que el sector privado marque la agenda de políticas públicas. Retira al estado en acciones que son de competencia estatal. Nosotros creemos que las empresas tienen como fin obtener ganancias y el estado garantizar derechos”, señaló el diputado de Evolución Leandro Halperín.

El legislador aclaró que algunas iniciativas como aceptar la colaboración de empresas para el cuidado de plazas funcionan, pero “cuando no está reguilado da lugar a acciones confusas” para los vecinos.

La legisladora de Unidad Ciudadana Paula Penacca graficó las posibles consecuencias en salud pública. “Esto es muy peligroso, porque ya sabemos que el que financia tienen mucha influencia. Una campaña contra el dengue auspiciada por un insecticida puede dar menos importancia a vaciar los elementos con agua que a matar los mosquitos ya adultos”, le dijo a LPO.

En algunos despachos de la Legislatura plantearon que entre los distintos edificios de la Ciudad que podrían cambiar de nombre están lugares emblemáticos como el Teatro Colón, al que algunos imaginaron con nombre de una gaseosa o una marca de Fernet.

En sus exposiciones los diputados opositores hicieron eje en los fines recaudatorios del proyecto y en el riesgo de que el esponsoreo influya en los cursos de acción política en materias sensibles como educación, salud, justicia, cultura y otros.

La autoridad de aplicación, que la determinará el Poder Ejecutivo, “definirá los límites, las condiciones de seguridad y las pautas de estilo de la presencia del Patrocinador, priorizando el carácter público del activo patrocinado y su valor patrimonial”. También se le otorga a esa autoridad la atribución de aplicar penalidades y sanciones, suspender o rescindir los convenios.

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